La COVID-19 plantea una oportunidad única para dar prioridad a las personas y al planeta

Necesitamos «un sistema más resistente y justo que proteja a los más vulnerables»

Jennifer Morgan, Greenpeace.

• La economía global que surge a partir de la COVID-19 debe estar mejor equipada para enfrentarse a este tipo de crisis.
• Un sistema más resiliente será aquel que reconozca que el bienestar de las personas y el planeta están interrelacionados.
• Los planes de recuperación deberán fomentar el crecimiento sostenible; las subvenciones a los combustibles fósiles deben dejar de existir.

Atravesamos un momento en el que se pone a prueba nuestra propia humanidad. También vivimos en un momento en el que, aunque no estemos en la primera línea de esta pandemia, podemos tomarnos un momento para mirar un poco más allá e imaginar cómo será el mundo en las semanas y meses venideros, lo que ayudará a conformar nuestro futuro a largo plazo.

Se nos plantean las siguientes cuestiones: ¿Y si no se trata tan solo de otra tragedia en la larga historia de la civilización humana? ¿Y si no es otra pandemia que pronto quedará olvidada en el vaivén de nuestra memoria colectiva, sino un momento decisivo para la humanidad y para el mundo? ¿Y si dentro de cinco, diez o cincuenta años, cuando miremos esta crisis en retrospectiva, comprobamos que fue un momento crucial de cambio?

Puesto que nuestra respuesta a la COVID-19 debe ser global, sustentada en la ciencia, de carácter colaborativo y holística, deberemos crear un mundo que también sea capaz de abordar con eficiencia y efectividad cualquier otra pandemia futura y crisis mundiales de otro tipo, como las situaciones de emergencia climática.

Los gobernantes actuales deberán renunciar a las prácticas asumidas hasta ahora y, a cambio, actuar en función de las respuestas a estas dos preguntas para gestionar la COVID-19 y las situaciones de emergencia climática: ¿Qué debemos hacer para crear un sistema más resiliente e igualitario que ofrezca protección a las personas más vulnerables? ¿Cómo podemos cambiar el enfoque que nuestros sistemas económicos adoptan mediante prácticas que nos exponen a situaciones como pandemias y emergencias climáticas, y orientarlo hacia el bienestar de las personas y el planeta, siendo conscientes de la gran interrelación que existe entre ellos?

Para poner en marcha una solución, debemos reconocer que centrarnos en el crecimiento a corto plazo y el PIB es erróneo y que, en lugar de esto, debemos centrarnos en el bienestar de las personas y del medio ambiente. El PIB no solo constituye un modo obsoleto de medir el rendimiento económico y, por defecto, el progreso social, sino que resulta perjudicial. El PIB no es capaz de medir si nuestros servicios sanitarios funcionan —y, por tanto, informarnos de ello—, si estamos viviendo dentro de nuestros límites planetarios o si las personas reciben un trato respetuoso e igualitario.

En palabras del consejo editorial del Financial Times del 3 de abril: “Deberán plantearse reformas radicales que reviertan la dirección política prevaleciente en las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que asumir un papel más activo en la economía. Los servicios públicos deberán contemplarse como inversiones, en lugar de pasivo, y deberán buscarse formas de conseguir que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en el orden del día y se pondrán en cuestión los privilegios de los mayores y los adinerados. Políticas que, hasta hace poco, se consideraban excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que formar parte de la ecuación”.

Esta cuestión está abierta a debate actualmente en China, donde Ma Jun, un destacado asesor del banco central del país, aboga por que el gobierno no tenga un objetivo de crecimiento específico, ya que no es la meta más importante en estos momentos.

¿Qué podría reemplazar al PIB? Una posibilidad podría ser un índice de bienestar basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que ayudaría a impulsar un mundo más resiliente, sostenible y justo, con el fin de abordar las futuras pandemias y la emergencia climática. Se concedería prioridad a garantizar que nadie quede sin cubrir sus necesidades básicas: asistencia sanitaria, alimentación, educación, vivienda, movilidad, cultura, todo ello en consonancia con un medioambiente con buena salud y estable.

Esto también ayudaría a fomentar un cambio en la jerarquía normativa de nuestra toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional. La capacidad de toma de decisiones y ejecución por parte de las organizaciones para garantizar los derechos humanos, sociales y medioambientales se vería potenciada de manera tangible. Los acuerdos como el Acuerdo de París, la CITES o la Convención sobre Biodiversidad constituirían una fuerza impulsora en la toma de decisiones, no una idea a posteriori o un factor dependiente de “cuando convenga”.

De este modo, las instituciones financieras internacionales abandonarían el criterio de condicionalidad basado en el ajuste estructural y el crecimiento (PIB) y adoptarían un enfoque de apoyo a la diversificación económica, lejos del extractivismo y el consumo irresponsable.

Con la priorización del bienestar, los billones destinados a “paquetes de recuperación” en respuesta a la COVID-19 cubrirían las necesidades del mundo en aras de la prosperidad, no solo de la supervivencia. Estos planes brindarían apoyo a las actividades económicas que promuevan la creación de planes de garantía de empleo, agricultura y explotación forestal ecológicas, explotación pesquera de bajo impacto, conservación y restauración de ecosistemas, movilidad sostenible y la promoción de cooperativas y sistemas de planificación dirigidos por comunidades. Y lo cierto es que aquí no acaba la lista.

Centrarse en las personas y el planeta también implicaría la ausencia de incentivos financieros, subvenciones, rescates con dinero público o medidas políticas que permitan o conduzcan a una mayor expansión de la exploración y extracción de combustibles fósiles, o de la cuota de mercado de la agricultura industrial. En el futuro, cualquier apoyo público a los sectores de servicios e industriales, tanto primarios como secundarios, se combinaría con planes obligatorios para la descarbonización completa y para poner fin a las pérdidas de biodiversidad, en un plazo de 10 años.

Se cumpliría el reconocimiento de los derechos de las comunidades locales e indígenas, su vínculo intrínseco con la naturaleza y su papel en la protección de esta, aspectos fundamentales para la toma de decisiones. Los acuerdos comerciales se restablecerían para dar prioridad a la dignidad humana y para fomentar una relación positiva entre la sociedad y la naturaleza.

¿Y esto por qué? Porque esta vez optamos por crear algo mejor: un mundo que concede prioridad al bienestar de las personas y el planeta. Somos parte de la naturaleza y, al protegerla, nos protegemos a nosotros mismos.

Se trata de un futuro que no solo vale la pena imaginar, sino por el que vale la pena luchar. Rara vez se presentan tales oportunidades para un enorme cambio progresista. Actuemos ahora por un mundo más verde, saludable y justo.

Fuente: https://es.weforum.org/

Escrito por

Jennifer Morgan, Executive Director, Greenpeace International

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no del Blog Dialld.