El cambio climático, la nueva amenaza para los derechos humanos

El cambio climático volvió a destacar en la agenda mediática hace dos meses, cuando Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos de los acuerdos de París. La principal réplica vino de Europa, dónde líderes de estado defendieron su compromiso contra el calentamiento global, que puede ser bien resumido con el “Make Our Planet Great Again” de Emmanuel Macron. El anuncio de Trump llegó en un momento en que los estados europeos están debatiendo sobre la legislación en materia de cambio climático, conocida como “Effort Sharing Regulation”. Se prevé que esta herramienta sea la hoja de ruta para alcanzar el nivel de emisiones acordado en los acuerdos de París antes de 2030. De estas negociaciones emerge una pregunta: ¿están siendo los estados de la Unión Europea realmente tan ambiciosos? Un reciente informe publicado por la EU Climate Leader Board señala parece indicar que quizá no lo suficiente.

Según el estudio, sólo Suecia, Alemania y Francia van en “la dirección correcta”, mientras que países como España, Italia, Polonia o la República Checa “presionan para debilitar la propuesta de la Comisión Europea, contrarrestando los esfuerzos de Europa para cumplir con los acuerdos de París”. El informe elabora un ranking sobre 100 puntos, en el que sólo Alemania, Suecia y Francia logran aprobar, con más de 50 puntos. España logra tan sólo nueve, con un esfuerzo catalogado como “muy pobre”.

El éxito o fracaso de los estados miembros con los acuerdos de París es relevante. De la amenaza del cambio climático deriva una amenaza contra los derechos humanos en el futuro. Un artículo de John H. Knox para el Observatori Social “la Caixa” asegura que los grupos vulnerables provocados por situaciones de pobreza, edad, género, origen social, discapacidad o grupos minoritarios o indígenas están más expuestos a los peligros del cambio climático. Es por ello que los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero previstos en los acuerdos de París, según Knox, son acordes con la obligación de los estados europeos de “proteger los derechos humanos frente a los efectos nocivos del cambio climático, actuando de forma concertada en cumplimiento del deber de cooperación internacional”.

El periodista de The New York Times Brad Plumer, explica en un artículo cómo el número de días más de 35ºC aumenta, especialmente, en el hemisferio sur del planeta. Las consecuencias de este calor extremo supondrán peores cultivos, más demanda de energía por el aire condicionado, menos productividad en la economía e incluso podrían aumentar situaciones de conflicto y delincuencia.

La clásica dicotomía norte-sur adquiere, por lo tanto, un nuevo sentido. El hemisferio norte emite los gases de efecto invernadero mientras el sur paga las consecuencias del calentamiento global. Así lo señalaron los investigadores Barry S. Levy y Jonathan A. Patz en un trabajo publicado en 2015, en el que concluyen que el venidero aumento de las temperaturas afectará mucho más a los países pobres que a los desarrollados. El efecto de la crisis medioambiental sobre los derechos humanos se torna así evidente.

Según Levy y Patz, el cambio climático afectará a los derechos a la seguridad y a una vida digna; a la alimentación, ropa, vivienda, y a la sanidad. También a derechos civiles y políticos, a culturas y a lenguas minoritarias. Incluso representa una amenaza para los derechos de las mujeres: “en particular las mujeres que viven en zonas rurales de países subdesarrollados, quien son particularmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático”, señala el estudio. En su artículo para el Observatori Social la Caixa John H. Knox coincide con esta ideacuando observa que “los peores efectos del cambio climático los aprecian quienes ya de por sí son vulnerables a causa de factores como la geografía, la pobreza, el género, la edad, el carácter indígena o minoritario, el origen nacional o social y la discapacidad”.

Otro estudio, realizado en 2007 para EcoHealth, señala que problemas de salud como malnutrición, malaria o diarrea también pueden derivar de la subida de las temperaturas. Por eso, nos encontramos ante una crisis ética o “deuda natural”, según los autores, entre países emisores de CO2 y países afectados.

Fuente: Patz JA, Gibbs HK, Foley JA, et al. (2007).