El dinero público malgastado en América Latina bastaría para acabar con la pobreza extrema

Imagen: REUTERS/Enrique Marcarian

Cada año, la ineficiencia en el gasto de los Gobiernos de América Latina y el Caribe genera un despilfarro total de 220.000 millones de dólares, el equivalente a un 4,4% del PIB. «Esa cifra, bien invertida, sería suficiente para acabar con la pobreza extrema en la región», asegura Alejandro Izquierdo, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La institución acaba de publicar un estudio de más de 400 páginas en el que analiza los presupuestos de los países de la región y sus potencialidades de mejora. Su principal conclusión: en tiempos de estrecheces presupuestarias, en los que el margen fiscal es estrecho, se puede (y se debe) hacer más con menos. De no asignar bien el gasto público, se estará hipotecando el futuro de los latinoamericanos.

Dedicar a esta problemática el libro insignia que el BID publica cada año no es casual. “La mayoría de los países de América Latina y el Caribe hace poco han pasado o están a punto de pasar a la categoría de ingresos medios. En consecuencia, sus ciudadanos están exigiendo más y mejores servicios por parte de sus gobiernos”, señala Luis Alberto Moreno, presidente del organismo financiero con sede en Washington y ex ministro de Desarrollo Económico de Colombia. La tan necesaria eficiencia del gasto público será, en su opinión, “crucial” para que los países vayan por la senda del desarrollo y eviten conflictos sociales. “Este desafío es aún mayor ante la amenaza de tasas de interés internacionales más altas, precios más bajos en las materias primas y menor crecimiento mundial”.

El Banco Interamericano de Desarrollo identifica tres grandes fuentes de ineficiencia presentes, en mayor o menor grado, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe: compras públicas -bien por problemas en las licitaciones, bien por ineficiencias en selección de proyectos de inversión adecuados o corrupción, elevando la eficiencia se podría ahorrar el equivalente 1,5% del PIB de la región-, transferencias monetarias a los ciudadanos -muchas veces los receptores no son los que más las necesitan, con lo que se fomenta la desigualdad y se despilfarra aproximadamente el 1,7% del PIB- y los salarios públicos -los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en América Latina y el Caribe (29%) que en la media de la la OCDE (poco más del 24%)-. “Es un asunto muy difícil de resolver”, anticipa el economista jefe del BID, Alejandro Izquierdo, en referencia a este último punto, uno de los más sensibles. “Pero si se comparan los salarios en el empleo público con los del privado, con el mismo nivel de capacidad, encontramos diferencias del 25%”.

América Latina y el Caribe ha seguido el camino menos recomendable en la composición de su gasto público. En las tres últimas décadas, los Gobiernos del subcontinente han optado por incrementar el gasto corriente -fundamentalmente, gasto social y sueldos y salarios- en detrimento de la inversión, uno de los principales determinantes del crecimiento futuro de un país y, por ende, de la calidad de vida de sus ciudadanos. «A menudo, el gasto corriente crece por encima de la tendencia en las buenas, pero luego la inversión pública es la destinataria de los recortes por el ajuste en las malas», subrayan los técnicos del BIB. «Este sesgo en detrimento de la inversión pública perjudica el crecimiento, puesto que el capital público es un factor determinante de la inversión privada, que a su vez es el principal motor del crecimiento económico. A esto se suma el hecho de que el efecto multiplicador de la inversión pública sobre el producto es mucho mayor que el del gasto corriente, razón por la cual una política de recorte de gastos que solo se centra en la inversión pública es errónea».

Imagen: BID/ El Cronista

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