Argentina y su camino de la integridad y la transparencia hacia el desarrollo sostenible

El Estado argentino ha diseñado e implementado diversos sistemas de gestión electrónica para expedientes, compras y obras públicas, que facilitan y transparentan el accionar del Estado y abren canales de comunicación directos con la ciudadanía.

Los sistemas electrónicos Compr.ar y Contrat.ar mejoran y estandarizan múltiples procesos administrativos. El objetivo es lograr una total accesibilidad y simplicidad de estos procedimientos, de manera transparente, segura y eficiente. Estas herramientas permiten la obtención, explotación y análisis de datos que no estaban disponibles. Su aplicación ha incrementado la participación de compradores y proveedores en los procesos de contrataciones públicas, de la comunidad en general y ha aumentado la competencia, redundado en mejores precios y resultados.

La República Argentina ha incorporado la política de prevención de conflictos de intereses y la obligación del sector privado a reportar en los procesos de contratación pública, de cualquier índole, exigiendo a las empresas que licitan declarar si poseen algún tipo de vinculación con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

Para Argentina, la ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público sino que compromete también al sector privado: reafirma la necesidad de promover medidas de integridad en las empresas privadas y con participación estatal.

La Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas es un ejemplo de ello: prevé la sanción penal a personas jurídicas por delitos de corrupción y estipula la reducción de sanciones a las empresas que cuenten con programas de integridad. Esto implica un avance importante en materia de integridad y transparencia que permite, además de sancionar a las empresas por delitos de corrupción, introducir buenas prácticas, propiciar la cooperación público-privada, promover la implementación de programas de integridad y hacer más eficientes las políticas de lucha contra la corrupción.

Argentina ha adherido también a la Recomendación sobre Integridad Pública de la OCDE, la cual fue acompañada por la solicitud de un Estudio de Integridad. Este estudio permitirá generar reformas eficientes y enfocadas con mayor precisión en la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la productividad y el crecimiento económico sostenible e inclusivo.

Desafiando la impronta histórica de las contrataciones para la obra pública en Argentina, la Ley 27.328 de contratos de Participación Público-Privada, es una nueva alternativa de inversión al proceso usual de contrataciones del Estado. Propone una dinámica de mutua colaboración y toma de riesgos conjuntos entre el sector público y el sector privado para planificar y ejecutar a largo plazo el desarrollo de proyectos en áreas de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

La corrupción ya no es una opción en la Argentina. Los argentinos le dijimos no a la corrupción y levantamos la vara de la transparencia para fortalecer el Estado y construir futuro. La lucha contra la corrupción no puede librarse aisladamente, implica el compromiso de todos los actores de la sociedad. El camino aún es largo e impone altos desafíos. En la celebración del Día Internacional contra la Corrupción es necesario redoblar el compromiso y proyectar el futuro desde hoy a partir de cimientos éticos y de acciones transparentes e íntegras.

Fuente: https://www.weforum.org/

Escrito por

Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparecia y lucha contra la corrupción, Oficina Anticorrupcion, Ministerio de justicia y Derechos Humanos, Argentina.